En México, uno de los momentos más temidos para algunos trabajadores al finalizar una relación laboral conflictiva es el riesgo de ser incluido en el llamado “buró laboral”, una práctica que, aunque muchas veces desconocida, afecta a un alto porcentaje de trabajadores en el país.
Aunque el buró laboral se utiliza comúnmente en los procesos de contratación para proteger a las empresas de posibles riesgos al reclutar personal, basándose en la información de desempeño y conflictos previos de los trabajadores, se trata de una forma de discriminación laboral.
A pesar de su polémica, el buró laboral sigue siendo común en muchas empresas mexicanas, que a menudo ignoran sus implicaciones legales y éticas. Por esta razón, a continuación, veremos cómo esta práctica afecta tanto a los trabajadores como a la reputación de las organizaciones.
El buró laboral es, básicamente, un conjunto de bases de datos, comúnmente conocidas como “listas negras”, que contienen datos e información sobre colaboradores que han entablado juicios laborales contra sus antiguos empleadores.
Estas listas son creadas por empresas o entes privados a fin de ofrecerlas como una herramienta destinada a otras empresas o a las llamadas agencias de colocación, para que estas puedan buscar a los aspirantes a algún puesto y determinar si son aptos o no para ser contratados, esto independientemente del perfil o currículum del aspirante.
Esta información se obtiene principalmente a través de los boletines emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales, y se incluye en estas listas sin importar la resolución final del juicio.
Así, aunque un trabajador pueda haber ganado un juicio, lo único que se reporta es la existencia del conflicto, lo que pone en riesgo su reputación laboral y afecta sus oportunidades de empleo futuras.
En algunos casos, las empresas incluso comparten esta información de manera informal entre sí, lo que perpetúa la exclusión de aquellos que han tenido problemas laborales previos, sin importar el contexto o la resolución de los conflictos.
Esta práctica, aunque común entre muchas empresas en México, su existencia y funcionamiento son, en esencia, ilegales. El artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, en su Fracción IX, establece de manera explícita que los empleadores no pueden utilizar ningún sistema que “tache, señale o ponga en índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación”.
Esta disposición busca proteger a los trabajadores de prácticas discriminatorias que puedan limitar su acceso a futuras oportunidades laborales debido a conflictos previos con sus empleadores. Por lo tanto, cualquier base de datos que se utilice para crear una “lista negra” de trabajadores, con el propósito de evitar su contratación, está en violación directa de la ley.
Además, el uso del buró laboral viola varios derechos establecidos en la Constitución Mexicana. El artículo 5° garantiza la libertad de los individuos para desempeñarse en cualquier profesión o actividad económica que deseen, siempre que sea lícita, sin que se les impida ejercerla, a menos que exista una resolución judicial que lo restrinja.
El artículo 16°, por su parte, establece que ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio o posesiones, a menos que haya una orden de autoridad competente y debidamente fundamentada. Incluir a un trabajador en una lista negra sin justificación legal constituye una violación a estos derechos fundamentales, ya que impide su libre ejercicio del derecho al trabajo.
El buró laboral también infringe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, puesto que el uso de estos registros no está basado en el consentimiento explícito de los trabajadores, quienes pueden ver cómo sus datos personales son compartidos sin su autorización para fines laborales.
Ante esta ilegalidad, los trabajadores tienen derecho a ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), lo que les permite solicitar que sus datos sean eliminados de estos registros.
En caso de que se vean afectados por esta práctica, pueden acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aunque es importante destacar que esta entidad no es la encargada directa de eliminar los datos, sino de supervisar el cumplimiento de la ley en cuanto a protección de datos personales.
En conclusión, el buró laboral, al estar basado en prácticas discriminatorias que violan los derechos fundamentales de los trabajadores y carecer de una base legal adecuada, no solo es ilegal, sino que también expone a las empresas a posibles sanciones y pone en riesgo su reputación.
Ante estas implicaciones, la clave está en la prevención y el compromiso con un entorno laboral ético. Así, un canal de denuncias robusto y anónimo puede ser una herramienta invaluable para identificar y erradicar prácticas ilegales como el buró laboral dentro de las organizaciones
Si implementas políticas justas, capacitas de forma integral sobre el tema al personal e integras medidas rigurosas de monitoreo y cumplimiento, tu departamento de recursos humanos puede desempeñar un rol clave en la prevención del buró laboral y evitar riesgos a tu organización.