Con el inicio de una nueva legislatura, el Congreso peruano ha puesto en agenda varios proyectos de ley que buscan modificar las condiciones laborales en el país. Estos proyectos ya han sido aprobados por la Comisión de Trabajo y ahora están listos para pasar al pleno del Congreso para su discusión y votación final.
A continuación, te contamos cuáles son los principales cambios laborales que podrían entrar en vigencia próximamente.
Uno de los proyectos más relevantes en materia laboral, es el que propone incrementar los sueldos de los trabajadores que realizan labores en horario nocturno. Esta iniciativa, ya aprobada en la Comisión de Trabajo y con exoneración de segunda votación por parte del pleno del Congreso, se encuentra a la espera de su debate final.
El dictamen unifica los Proyectos de Ley N.º 1192/2021-CR y N.º 2306/2021-CR y plantea una modificación al Decreto Legislativo N.º 854, la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, con el objetivo de definir con mayor precisión el ámbito del horario laboral y las condiciones del trabajo nocturno.
La actual legislación solo establece una sobretasa del 35% para los trabajadores que perciben la Remuneración Mínima Vital (RMV) al trabajar en horario nocturno, que va de las 10:00 p.m. a las 6:00 a.m. Esta sobretasa eleva su sueldo mínimo a S/ 1,383, tomando en cuenta que la RMV se ubica en S/ 1,025. Sin embargo, los trabajadores con un sueldo superior a S/ 1,383 no reciben ninguna compensación adicional por trabajar durante estas horas.
La propuesta legislativa busca extender esta sobretasa del 35% a todos los trabajadores, independientemente de su nivel salarial, como una forma de compensar a aquellos que laboran en horarios menos favorables.
Además, el dictamen establece que las jornadas nocturnas deberán ser rotativas, salvo que exista una restricción relativa a seguridad y salud en el trabajo. También se garantiza un periodo de descanso de al menos once horas antes de iniciar el siguiente turno, prohibiendo en todos los casos la realización de dos turnos consecutivos a tiempo completo.
En caso de que se promulguen estas modificaciones, los empleadores estarán obligados a cumplir con las nuevas disposiciones, lo que podría representar un aumento significativo en los costos laborales.
El Congreso se encuentra en proceso de debatir una propuesta que extiende la edad máxima para el cese obligatorio de los trabajadores, elevándola de 70 a 75 años. Actualmente, la legislación permite que los trabajadores continúen laborando hasta los 70 años, tras los cuales se considera un cese obligatorio. Sin embargo, con la nueva propuesta, se permitirá que los empleados sigan trabajando hasta los 75 años si así lo desean.
Este cambio responde al aumento en la esperanza de vida y a la tendencia de mantener a los trabajadores experimentados en el mercado laboral por más tiempo. El dictamen, que fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso en enero, aún está pendiente de la segunda y última votación en el pleno del Congreso.
La actual normativa establece que, una vez alcanzada la edad de 70 años, las empresas pueden proceder con el cese de un trabajador sin que se considere despido injustificado. La propuesta legislativa pretende ampliar este período, permitiendo a los empleados continuar hasta los 75 años.
Sin embargo, esta medida ha generado críticas entre algunos especialistas, quienes advierten que podría tener repercusiones negativas tanto para los trabajadores jóvenes como para la productividad empresarial.
Otro de los proyectos de ley en debate busca ampliar la licencia por paternidad de 10 a 15 días y establecer una protección contra el despido para el padre hasta que su hijo cumpla un año.
Actualmente, el empleador cubre los 10 días de licencia, pero la propuesta asigna el costo de los cinco días adicionales al Seguro Social de Salud (EsSalud). Esta medida ha sido cuestionada por el Ejecutivo, quien argumenta que el déficit financiero de EsSalud se vería agravado por la carga económica adicional.
Además, el proyecto incluye una disposición para proteger al padre contra el despido, si la madre del niño no cuenta con un vínculo laboral vigente. En este caso, se consideraría nulo cualquier despido desde el momento en que el padre comunica el embarazo hasta que el hijo cumpla un año.
Esta propuesta ha suscitado críticas, ya que el Ejecutivo considera que extender esta protección a los padres podría desvirtuar el propósito de la protección especial reservada para las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia, creando desincentivos para la productividad y un trato desigual en comparación con otros trabajadores que no tienen hijos recientes.
Pese a que el Ejecutivo no se opone a la ampliación de la licencia, ha expresado su desacuerdo en que el costo de los días adicionales recaiga sobre EsSalud, destacando que esta entidad ya enfrenta un déficit financiero significativo. Ahora, el Congreso deberá decidir si acepta las observaciones del Ejecutivo o si mantiene la propuesta tal como está.
Otro de los proyectos de ley en debate propone que los trabajadores, tanto del sector público como privado, puedan solicitar el descanso los sábados por motivos religiosos, siempre que compensen las horas no trabajadas en otros días de la semana. Esta iniciativa busca garantizar el respeto a la libertad religiosa, permitiendo a los empleados que profesan religiones que consideran el sábado como día de descanso puedan cumplir con sus obligaciones espirituales.
El proyecto, aprobado por la Comisión de Trabajo en junio pasado y que busca respetar el derecho fundamental a la libertad religiosa, ha generado preocupaciones sobre su impacto en la organización de recursos humanos y los costos operativos para las empresas.
El pasado 4 de junio, la Comisión de Trabajo aprobó un dictamen importante que busca ampliar los beneficios laborales para los trabajadores del Estado, bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). El texto final del dictamen se publicó el 13 de junio y ahora deberá ser debatido en un próximo pleno del Congreso.
Según la propuesta, estos trabajadores obtendrían gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad equivalentes a un sueldo completo, así como una Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) equivalente al 100% de una Remuneración Mínima Vital (RMV) por cada año de servicio.
Asimismo, se les otorgaría subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio equivalentes a dos remuneraciones mensuales, una bonificación por escolaridad y una asignación familiar no menor al 10% de una RMV. Aunque los trabajadores CAS ya cuentan con ciertos beneficios como 30 días de vacaciones y licencias por maternidad y paternidad, aún no gozan de las prestaciones mencionadas anteriormente.
El segundo proyecto de ley se enfoca en cambiar el estatus de los trabajadores CAS, proponiendo que todos ellos sean considerados permanentes, independientemente de la fecha en la que fueron contratados. Actualmente, los trabajadores CAS contratados hasta marzo de 2021 ya gozan del estatus de permanentes debido a la Ley N.º 31131, que buscó erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público.
Sin embargo, los trabajadores contratados después de esa fecha aún se consideran CAS temporales, con contratos de corta duración que deben ser renovados periódicamente. La nueva propuesta legislativa pretende extender el carácter permanente a la mayoría de los trabajadores CAS contratados posteriormente.
Los proyectos de ley que se debatirán en el Congreso de Perú podrían traer cambios significativos en el ámbito laboral, afectando desde la estructura de sueldos y licencias, hasta la edad de cese y los beneficios para trabajadores del régimen CAS.
Estaremos atentos a las decisiones del pleno para conocer cómo impactarán estas medidas en el mercado laboral peruano.